Como “Pin parental” se conoce a la medida mediante la cual se pretende que las escuelas informen a los padres acerca de actividades que tengan que ver con cuestiones de identidad de género, feminismo o diversidad LGTBI, a fin que autoricen o no la participación de sus hijos.
La agrupación ultraderechista Vox es la principal impulsora de esta medida, que se está aplicando en ciertos gobiernos regionales gobernados por la derecha, específicamente el caso de Murcia, donde el Partido Popular es el que encabeza el gobierno.
El pin parental, tal y como lo plantea Vox, es una solicitud escrita que va a dirigida a los directores de los centros educativos en la que los padres piden que les informen previamente, a través de una autorización expresa, sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones sobre la identidad de género, el feminismo o la diversidad LGTBI, de tal forma que los progenitores puedan dar su consentimiento para que su hijo asista o no.
Esta medida ya se encuentra en pleno funcionamiento en la región española de Murcia, donde en agosto del año pasado se dictó una resolución con las instrucciones de comienzo de curso 2019/2020 en las que se establece que «se dará conocimiento a las familias» al comienzo de curso de «las actividades complementarias de las programaciones docentes que forman parte de la propuesta curricular» y son impartidas por personal ajeno al centro educativo «con objeto de que puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas actividades».
Mientras tanto el Gobierno central (PSOE y Unidas Podemos) ha señalado de que “responderá con contundencia” ante cualquier actuación “que vulnere los derechos de los menores” y ha anunciado que recurrirá por la vía administrativa o judicial las medidas que en este sentido tomen PP, Vox y Ciudadanos allá donde gobiernen.
“Vulnera el derecho fundamental de los niños a ser educados. Es un instrumento de censura educativa que no podemos tolerar en nuestras escuelas”, ha defendido Isabel Celaá, ministra de Educación, al tiempo de manifestar que es contrario al “derecho fundamental y constitucional” de toda persona, “desde su nacimiento”, a ser educada. “No podemos pensar de ninguna de las manera que los hijos pertenecen a los padres”.
Otra representante del Gobierno que se ha manifestado en contra del instrumento fue la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien ha señalado que “Los hijos e hijas de padres y madres machistas tienen el mismo derecho a ser educados en valores igualitarios”, “en libertad y en feminismo”, “de amar a quien quieran y cuando quieran”.
Los defensores de la medida en cambio manifiestan que ese tipo de contenidos son delicados y prefieren enseñárselos en casa, en vez de confiarlos a personas que, en muchos casos, son ajenas al centro educativo.
El Gobierno de Pedro Sánchez ya analiza incluso la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que es un artículo que dota al Estado de un mecanismo coactivo para obligar a las comunidades autónomas a cumplir las normativas constitucionales. El ultimo antecedente de esto fue en Cataluña, donde el Gobierno central suspendió el ejercicio de las funciones del gobierno regional catalán en ocasión de la declaración unilateral de independencia.
