Ante la masiva crisis económica que provocó la pandemia, los gobiernos de todo el mundo salen a rescatar empresas otorgando ingentes créditos y facilidades fiscales. Esto es necesario, advierten los prestigiosos economistas Mazzucato y Andreoni, pero las ayudas y apoyos estatales deben otorgarse sólo a quienes acepten operar de manera inclusiva y sustentable.
Con el desconfinamiento progresivo en muchos países (Paraguay es uno de ellos, actualmente atravesando la fase 3 de la «cuarentena inteligente») la economía comienza a activarse, aunque sin el impulso que tenía antes de la pandemia.
La cuartena total, si bien fue el antídoto para poder frenar el avance del virus, hizo estragos en todos los países: desempleo, quiebre de empresas, cierre de comercios, interrupciones en las cadenas de pagos, etc.
Por este motivo, los gobiernos -fomentados por todos los organismos internacionales- salieron a apoyar y a ayudar a sus agentes económicos, de manera tal de que puedan subsistir durante la cuarentena y el tiempo que lleve recuperarse de la «otra pandemia», la económica. Por ejemplo, Europa puso en marcha un plan de recuperación 750 millones de euros y EE.UU. un paquete de estímulo y rescate de USD 3 billones (es decir, 3 millones de millones).
Al respecto, los economistas Mariana Mazzucato y Antonio Andreoni (University College de Londres) publicaron un artículo donde sostienen que es positivo y necesario que los Estados acudan al rescate de los privados, pero advierten que las ayudas no pueden ser «gratuitas», es decir, tienen que ser entregadas a aquellos quienes acepten adaptar sus condiciones de producción a una idea de bien común.
«No more free lunch bailouts» («basta de rescates gratuitos» en inglés) se titula el texto en el que los dos prestigiosos economistas firman en el blog de Project Syndicate el pasado lunes 25 de junio. Allí, Mazzucato y Andreoni analizan las maneras en que países como Francia, Dinamarca y Estados Unidos – entre otros- aplicaron los megarescates millonarios que desembolsaron.
Lejos de proponer cualquier especie de «colectivismo forzado», los autores resaltan la necesidad de que en el mundo pospandemia el «mercado» deje ser considerado un ente supuestamente autónomo e independiente, y se pueda condicionar a los actores económicos a actuar de manera sustentable, responsable y con conciencia social.
Lo que subyace, en el artículo, es la idea de que hay que eliminar la creencia en que el sector público es un agente exterior al mercado, ya que en realidad es una parte constitutiva de él. El mercado depende de un marco regulatorio determinado, así como de las condiciones sociales propicias, ambos establecidos y garantizados por el Estado.
Si esto siempre fue cierto, la crisis sanitaria/económica causada por la pandemia de COVID-19 lo puso aún más de relieve, tanto que hasta el periódico Financial Times publicó un artículo donde se acepta como un hecho real y deseable el intervencionismo estatal en la economía, y ya no es considerado un tabú.
En este sentido, se menciona que muchos países de Europa exigieron a las empresas rescatadas no estar domiciliadas en paraísos fiscales, cuidar que su producción no genere emisiones contaminantes, tratar a sus empleados de manera digna y aumentar los salarios mínimos.
En el caso de Paraguay, el gobierno desplegó planes millonarios de asistencia a particulares y empresas en tiempo récord. Lamentablemente pocas fueron las condicionalidades exigidas.
De todas maneras, muchos empresarios locales -incoherentemente- siguen despreciando el rol del sector público y despotricando contra toda intervención del Estado en la economía y contra la ampliación de sus funciones.
