Secretario General de la Presidencia señaló que la Fiscalía tiene potestad para investigar lo acontecido, pero que los productos no fueron recibidos ni pagados, por lo cual es indebido hablar de perjuicio monetario.
El Secretario General de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamayor, reiteró esta mañana que no existió daño patrimonial en las licitaciones de Salud Pública tal como lo concluyó ayer Comisión de Control y Supervisión de Compras COVID-19.
“Lo que expuso la comisión que son los que hicieron la revisión, a mi criterio es claro: si no se recibió (lo requerido por el Estado), no se pagó, entonces daño patrimonial no debería existir”, declaró el alto funcionario.
Villamayor añadió que al rechazar los productos el ministerio de salud pública, se ha solicitado el pago de la póliza del seguro por anticipo y la póliza de fiel cumplimiento, debido a que la demanda de cumplimiento de la oferta decayó en el momento en que Salud Pública presentó el incumplimiento de contrato por falta de seguimiento de las especificaciones técnicas requeridas por esa Cartera de Estado.
“La empresa tendrá que hacerse cargo de los gastos. La responsabilidad básica en el incumplimiento de un contrato es de naturaleza civil. Si la fiscalía cree que hubo algo más, es ella la que tiene que investigar”, detalló.
El ministro afirmó no desconocer que hubo en perjuicio, en el sentido de que las expectativas de la población fueron “absolutamente dañadas en ese proceso, pero eso no implica que hubo daño patrimonial”.
“Si se quiere investigar desde otro punto de vista, naturalmente se puede hacer, pero el daño no se pudo producir porque no se recibió el producto y no se pagó. Si hubo otra intención es un problema de carácter penal, y es la Fiscalía y el Poder Judicial quienes tienen que averiguar sobre ese hecho”, puntualizó el Jefe del Gabinete Civil.
