La Asociación Brasileña de Prensa denuncia que el mandatario «rompió el aislamiento recomendado por los médicos» y «recibió a periodistas de medios afines».
La Asociación Brasileña de Prensa (ABI) anunció ayer que presentará una demanda ante la Corte Suprema contra el presidente del país, Jair Bolsonaro, a quien acusa de «poner en peligro» la vida de los periodistas que acompañaron el anuncio de su positivo al Coronavirus, refiere un cable de la agencia española EFE, difundido por varios medios alrededor del mundo.
“A pesar de saber que estaba infectado, el presidente Jair Bolsonaro continúa actuando de forma criminal y poniendo en peligro la vida de otras personas», dijo el presidente de la ABI, Paulo Jerónimo de Sousa, en un comunicado.
De Sousa denunció que el mandatario «rompió el aislamiento recomendado por los médicos» y «recibió a periodistas de medios de comunicación que considera afines» a sus políticas para «informarles personalmente» de que está infectado con el patógeno.
El jefe del Estado, de 65 años y uno de los líderes más escépticos sobre la gravedad de la enfermedad, compareció con una mascarilla blanca simple y sin respetar la distancia de seguridad con los informadores, quienes durante la comparecencia sostuvieron sus micrófonos cerca de la boca tapada del gobernante.
Casi al final de su intervención, Bolsonaro dio unos pasos atrás para alejarse unos pocos metros de los periodistas y se quitó la mascarilla a fin de pronunciar unas últimas palabras.
Para la ABI, la actitud del presidente infringió el artículo 131 del Código Penal brasileño que castiga por «transmitir a otros una enfermedad grave de la que se está infectado» o «un acto capaz de producir el contagio», bajo pena de uno a cuatro años de cárcel y multa.
La asociación (ABI, en sus siglas en portugués) consideró que el gobernante también violó el artículo 132 al «exponer la vida o la salud de otros a un peligro directo e inminente». «No es posible que el país asista sin reacción a sucesivos comportamientos que van más allá de la irresponsabilidad y configuran claros delitos contra la salud pública», añadió De Sousa
