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sábado, mayo 4, 2024

Gobernador e intendentes de Misiones rechazan la inclusión de gastos sociales de las Binacionales al Presupuesto

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Además de la inconstitucionalidad de la iniciativa, señalan que mediante estos gastos –entre otras cosas- se montaron por primera vez en la historia camas de UTI en el departamento y otros beneficios que se diluirán y serán destinados a otras regiones.

 

El Gobernador del departamento de Misiones, Carlos Arrechea y casi todos los intendentes de la zona, entre los que se encuentran tanto colorados como liberales, emitieron un extenso comunicado donde expresan el rechazo enérgico a la intención de someter el presupuesto de las Binacionales al Presupuesto General de Gastos de la Nación.

Manifiestan que esa intención socava los tratados que sirven de base y dieron nacimiento a ambas Binacionales, por lo que consideran inconstitucional la ley vetada por el Ejecutivo.

Sostienen que esos “gastos socio ambientales“ son recursos propios de las Binacionales y que son útiles para el desarrollo social, cultural y económico de la región, que es a su vez el área de influencia de la represa y por ende varias comunidades fueron afectadas con la construcción de la hidroeléctrica.

Citaron además todos los beneficios que recibe el departamento de Misiones por parte de la Entidad Binacional Yacyretá. Entre ellos se encuentran las becas para jóvenes estudiantes; el programa Ñepytyvo, que brinda ayuda a pequeños agricultores; la ayuda al desarrollo de los sistemas sanitarios, que entre otras cosas, permitió que Misiones tenga UTI por primera vez en la historia; construcción de viviendas sociales, además de la construcción y equipamiento de escuelas y universidades, y muchos otros beneficios.

Señalan que la eliminación de los gastos sociales será un gran perjuicio, en especial para el departamento, teniendo en cuenta que estos recursos que quedan en la zona -que es zona de influencia de la EBY- serán diluidos dentro del Presupuesto General y serán distribuidos a otras zonas del país.

Por último manifiestan que lo que corresponde, por apego a la Constitución Nacional y los tratados internacionales, es el rechazo de la inclusión de los gastos socio ambientales al Presupuesto General de Gastos de la Nación.

 

 

 

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